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Tusk desmantela los medios de comunicación públicos polacos


A las ocho de la mañana del pasado jueves, hora de máxima audiencia, en la cadena polaca de radio West el empleado en la época del PiS, Lukasz Brodzik, se disponía a conversar en antena con Janusz Zyskkowski, redactor jefe de ‘Gazeta Lubuska’ y ‘Gazeta Wroclawska’. Lo que los oyentes escucharon, sin embargo, fue al presentador Tomasz Oszmiaski leyendo una carta abierta de los trabajadores: «Desde 2015, hemos estado bajo la presión de la censura y la represión por parte del Gobierno anterior, que limitó nuestra libertad de expresión… Esperamos ejercer ahora nuestra profesión libremente y que los responsables de la propaganda y la censura queden privados de la capacidad de influir en el programa de radio».

En Radio Zielona Góra, la misma mañana, Daniel Sawicki entrevistaba a Adam Ruszczyski, cuando este dijo que «no preveo un Gobierno largo para este régimen», en referencia al Gobierno de Donald Tusk. Fue entonces cuando el presentador se dio cuenta de que los oyentes, en lugar de su conversación, estaban ya escuchando música. Las interrupciones en las emisiones se han vuelto tan frecuentes como las visitas de concejales de Plataforma Cívica –el principal partido de centro del país– a medios de comunicación para preguntar a los trabajadores si pueden llevar a cabo sus tareas con independencia en esta transición del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) a la coalición liberal encabezada por Donald Tusk.

Llamamientos del PiS

El Consejo Nacional de Radiodifusión, encabezado por el partidario del PiS Maciej Swirski, hizo este viernes un llamamiento al primer ministro Tusk «para que restablezca el orden jurídico y aplique la legislación vigente en el ámbito de las autoridades de los medios públicos». Cuatro miembros de este órgano, elegidos por el Gobierno anterior, votaron a favor de esta resolución.

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«Ser víctima le da alas y el PiS está construyendo un mito en torno a la pérdida de poder», enjuicia la analista de ‘Gazeta Wyborcza’ Agnieszka Kublik. Pero el hecho es que, en su primera semana en el Gobierno, Tusk está llevando a cabo una transformación sistemática de los medios de comunicación públicos, con la aprobación urgente de un proyecto de ley que renueva a todas sus cúpulas directivas, a las que acusa de llevar años haciendo propaganda politizada. Su objetivo es «sanear rápidamente» los medios estatales y ha anunciado que liquidará la televisión pública TVP, a la que ya no se han asignado fondos públicos en los presupuestos generales de 2024.

Como protesta por esta medida, un grupo de diputados del PiS lleva tres días acampado en la sede de la TVP en Varsovia y las emisiones de la cadena lucen crespones negros e insertan carteles con mensajes antigubernamentales en todos los programas.

Despidos y diligencias

El Ministerio de Cultura ha firmado el despido de decenas de empleados con efecto inmediato y la Oficina de Auditoría ha abierto diligencias contra los hasta ahora directivos por mala gestión y abuso de poder. Los canales TVP Info, TVP1, TVP3 y TVP World han dejado ya de emitir sus programas. «No hay democracia sin pluralismo mediático y en Polonia son los medios públicos los únicos críticos con el actual Gobierno», ha protestado el líder del PiS, Jaroslaw Kaczyski.

El diputado del PiS, Marek Suski, acusa a Tusk de «eliminar la libertad de prensa, dejando sólo medios que le son afines». Pero los cambios no afectan solamente a los medios públicos. Tusk ha reemplazado también a los jefes de los Servicios de Inteligencia y de la Agencia Anticorrupción, de los que espera una cooperación «leal y disciplinada». Dorota Gawecka será la nueva jefa de Inteligencia Militar; Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak encabezará la Autoridad Central Anticorrupción; Rafal Syrysko será nombrado jefe del Servicio de Inteligencia nacional; Pawel Szot ejercerá como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior y Jaroslaw Strozyk será el jefe del Servicio de Contrainteligencia militar.

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Banco Central

El nuevo Gobierno creó el martes, además, la primera de las comisiones de investigación que fiscalizarán al Ejecutivo anterior. Empezarán por la convocatoria en 2020 de unas elecciones presidenciales que nunca llegaron a realizarse y que costaron cerca de 20 millones de euros. Tusk sólo ha frenado en sus intenciones de sustitución de cúpulas al toparse con el Banco Central de Polonia (NBP), cuyo gobernador, Adam Glapiski, ha sido defendido personalmente por la presidenta del BCE, Christine Lagarde. La coalición gobernante acusa a Glapiski de haber adaptado las políticas del banco para ayudar al PiS, obstaculizando la lucha contra la inflación y violando la constitución.

Tusk no renuncia, sin embargo, a abordar esta purga en el futuro. «Glapiski debería estar a la vanguardia de quienes protegen la neutralidad política del Banco Central de Polonia, pero observamos que no ha pasado esta prueba y algo debe ser hecho», ha dicho el primer ministro.

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