Quién paga la prestación por la baja laboral si la Seguridad Social se demora en la resolución


Una baja laboral o incapacidad temporal implica la imposibilidad de un trabajador para desarrollar sus funciones mientras recibe asistencia sanitaria. Los motivos que pueden derivar en esta situación son múltiples, aunque la duración máxima de la prestación es de 365 días.

La teoría general de la Seguridad Social indica que pasado este año de baja, ésta se puede prorrogar otros 180 días siempre que el criterio médico dictamine que esos seis meses extra son necesarios para la recuperación completa del trabajador.

Agotados estos plazos (en total 545 días), la Unión Sindical Obrera indica que se debería producir el alta. En este momento, se pueden producir dos situaciones que se reincorpore al trabajo u obtener una incapacidad permanente.

Durante el periodo de 545 se recibe una prestación por incapacidad temporal que, según indica la Seguridad Social, su reconocimiento y pago puede corresponder al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, la Mutua colaboradora con la Seguridad Social o en las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la incapacidad temporal.

Cuando la IT se extingue para que se produzca la reincorporación o la incapacidad temporal se debe evaluar el estado del trabajador en un plazo de 90 días.

Quién paga la prestación si la evaluación se demora

No obstante, no todas las situaciones son iguales lo que implica que esa evaluación se puede demorar más allá de los 730 días, como indica el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Ante este ‘vacío’, la subdirección general de ordenación y asistencia jurídica del INSS publicó el criterio de gestión 26/2023 del 16 de octubre. Ahí se indica que en esos casos «excepcionales» donde la evaluación se puede demorar más allá de los 730 días «la responsabilidad del abono de la prestación de IT corresponde exclusivamente a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social», como recoge el medio especializado Iberley y aparece en la resolución de la Seguridad Social.

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Este criterio llega tras analizar la normativa existente, que no expresa de manera clara lo que ocurre en estas situaciones excepcionales y genera dudas entre las personas que sufren esta situación.

Asimismo, este criterio de gestión publicado expone que «la responsabilidad de pago de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social viene determinada en dicha normativa sin que exista previsión alguna que la restrinja por la extensión en el tiempo ni tampoco contempla excepciones a dicha responsabilidad en el desarrollo de la prestación desde su nacimiento hasta los tiempos de extensión por duración natural o extraordinaria, sino que la prestación mantiene sus propias circunstancias y condiciones de origen entre las cuales está la del abono de la prestación por la entidad colaboradora».

De esta manera, concluye de la normativa aplicable no puede extraerse que el pago incapacidad temporal por parte de las mutuas a sus asociados esté limitado a 730 días en estos casos que insiste en calificar como «excepcionales».

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