Los grandes destinos del ‘sol y playa’ reclaman un impuesto propio para poder sufragar la factura del turismo masivo


La localidad malagueña de Torremolinos tiene poco más de 70.000 vecinos empadronados, pero en los meses de verano multiplica por tres su poblacion hasta superar los 200.000 con la demanda extra de servicios que ello supone y el sobrecoste asociado para unas arcas municipales que se nutren básicamente de lo que aporta la población empadronada.

En la misma tesitura se encuentran otras localidades como Salou, Calviá, Adeje, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana o Benidorm, que se han reunido en la Alianza AMT para exigir, entre otras cosas, una redefinición del concepto de municipio turístico que les permita por ejemplo disponer de un marco fiscal que les permita afrontar estos sobrecostes.

Su referencia es la célebre ‘ecotasa’ balear, rebautizada últimamente como impuesto sobre las estancias turísticas y que permite a los ayuntamientos más tensionados por la presión del turismo estival obtener unos recursos extra de los turistas para financiar al menos en parte los sobrecostes en forma de servicios públicos que tienen que asumir en esta época del año para dar servicio a sus visitantes.

La alianza subraya que en los meses de verano su población llega a multiplicarse hasta por seis y que es necesario un compromiso por parte de las administraciones supramunicipales «porque es un coste difícil de afrontar», según el alcalde de Salou y presidente de la Alianza, Pere Granados. Hasta ahora los impuestos de estas características que se han puesto en marcha, en Cataluña o Baleares, han tenido carácter autonómico, cuando la principal administración afectada es el ayuntamiento.

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