Los funcionarios de Hacienda Local auguran que la nueva tasa de basuras generará un caos similar al de la Plusvalía


A partir del 1 de enero de 2025 todas las corporaciones locales de España tendrán que cobrar una tasa pública a sus contribuyentes para sufragar el coste que les supone la recogida, gestión y eliminación de los residuos que se generan en la localidad. Se trata de una obligación derivada de una directiva europea, que el Gobierno recogió en la Ley de Residuos aprobada en abril de 2022 y que se desarrolla en apenas un párrafo.

«A partir del año que viene los ayuntamientos van a tener que aprobar sus ordenanzas fiscales y lo van a tener que hacer a partir de sus propios informes económico financieros, lo que va a dar como resultado miles de impuestos diferentes, que tendrán que pagar todos los contribuyentes y que van a generar una situación de completa inseguridad jurídica por el trato muy diferente que se va a dar de unos municipios a otros», advirtió ayer la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local en la jornada inaugural de su XXIII Congreso, que se celebra en Málaga.

La vaguedad del Gobierno Central a la hora de definir la norma, «regulada con criterios legales defectuosos elaborados por personas que pueden saber mucho de residuos, pero que no saben nada de fiscalidad local», han criticado, ha abierto un escenario de inseguridad jurídica, que según estos profesionales de las haciendas locales va a generar una ola de recursos e impugnaciones en cuanto la tasa entre en vigor equiparable a la generada por la Plusvalía Urbana.

«Hablamos de una legislación que aboca a los ayuntamientos a un calvario jurídico y que seguramente desembocará en la anulación de cientos de ordenanzas municipales», han vaticinado desde la asociación.

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Sus reservas se basan tanto en la escasa definición de la regulación estatal, como en la complejidad de la tasa para cuyo cobro los ayuntamientos deberán estimar el coste que les supone el proceso de recogida, tratamiento y eliminación o reciclaje de los residuos, así como otros factores como la existencia de sistemas selectivos para viviendas vacacionales, la existencia de unidades familiares en riesgo de exclusión e incluso la posibilidad de cobrar en función de la generación de residuos, para cumplir el principio de ‘quién contamina, paga’ que guía la legislación estatal.

Sufragar una factura de 3.000 millones

Y todo ello cumpliendo el objetivo de recaudar los en torno a 3.000 millones que según algunas estimaciones que se manejan en el sector cuesta la recogida y tratamiento de residuos en España, ya que la normativa establece el principio de que la tasa, o la prestación pública patrimonial no tributaria, no puede ser deficitaria, lo cual también obliga a los municipios a auditar año tras año las fluctuaciones que pueda experimentar el coste del servicio.

Los inspectores de Hacienda Local ejemplificaron ayer en la insuficiente regulación de la futura tasa de basuras la situación de desatención y abandono en que el legislador tiene a la administración local, que arrastra problemas regulatorios que en algunos casos tienen ya 40 años.

El colectivo denuncia que los impuestos viven una situación de inseguridad jurídica insostenible, ya que se le acumulan problemas en varios flancos. «Los ciudadanos muchas veces no saben lo que tienen que pagar o cómo lo tienen que pagar», aseguró ayer el presidente de la asociación, Arturo Delgado. «Lo que no puede ocurrir es que estemos gestionando un sistema impositivo local sometido a una incertidumbre tan grande».

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Se quejan de la litigiosidad que genera la Plusvalía, de la mala definición de la base imponible del impuesto sobre construcción y obras (ICIO), de la complejidad del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de la exagerada tutela judicial que ejerce el Estado en el IBI y de los oasis fiscales generados en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

También solicitaron ayer actuar sobre los cientos de ayuntamientos que tienen externalizada a empresas privadas la gestión de sus impuestos, en lugar de ser realizada por funcionarios públicos.

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