Las mutuas perderán 567 millones por la atención a funcionarios


Las mutuas de carácter público que se hacen cargo de la atención médica de los funcionarios están abocadas a asumir pérdidas millonarias en los próximos años. El efecto de la inflación por un lado y el nuevo paradigma de la asistencia hospitalaria por parte de los trabajadores tras la pandemia, por otro, han elevado sustancialmente el coste de los servicios que prestan a los empleados públicos. Como está ocurriendo en todos los segmentos del negocio asegurador, la asistencia sanitaria tampoco escapa al alza de costes, y es por ello que las compañías que prestan servicio a las mutualidades reclaman con urgencia una revisión del convenio firmado hace dos años con el Ministerio de Función Pública por haber quedado desfasado en el actual contexto económico y social.

Tal y como ha podido confirmar ABC por fuentes de las tres mutualidades que dan cobertura en España a 1,6 millones de funcionarios, Muface, Isfas y Mugeju afrontan pérdidas trianuales de más de 560 millones -entre las tres- hasta 2024 a causa del desfase entre la prima que perciben por parte de la Administración para sufragar los costes del servicio y la realidad que se están encontrando a los pocos meses de sustanciarse el último convenio.

Este contrato fue suscrito a finales de 2021, comenzó a aplicarse a comienzos del pasado año y se extenderá hasta 2024. En el momento de la firma, si bien la pandemia ya había hecho estragos en términos de aumento de la asistencia médica prestada a los empleados públicos -como al resto de la población ocupada- por el efecto de los contagios, el escenario en 2022, ya transcurridos los peores momentos de la crisis sanitaria, ha resultado en un aumento estructural de los procesos de incapacidad temporal, que primeramente pasan por el filtro de la asistencia médica. Tampoco se había producido en ese momento el estallido de la guerra en Ucrania, que también ha elevado los costes de la cobertura, en este caso médica, de las estas organizaciones.

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El convenio trianual firmado recoge una revalorización de la prima que paga el Estado del 8% para 2022, y del 1% tanto para 2023 como para 2024. En suma un 10% en el periodo. Sin embargo, la primera lectura que arroja el saldo de las tres organizaciones en el pasado año augura pérdidas para los tres ejercicios. Mientas que en 2022 las mutuas perdieron 170 millones por la prestación de los servicios médicos, fuentes del sector señalan que este balance negativo podría ascender a 187 millones en 2023 y a 205 millones en 2024. Las pérdidas serían, en su conjunto, de 563 millones.

«El problema está en la infrafinanciación del convenio», señalan las fuentes consultadas. Cabe recordar que estas mutuas reciben financiación por tres vías: las cotizaciones de los mutualistas, la partida correspondiente en los Presupuestos y los ingresos procedentes del patrimonio. Concretamente, este último convenio asciende a 3.571 millones que pagará la Administración a las mutualidades para costear los servicios de las aseguradores que prestan la asistencia: Asisa, Adeslas y DKV.

Presión asistencial

Según los datos que manejan internamente estas organizaciones, en los últimos diez años, el gasto per capita en asistencia médica de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras se ha incrementado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido un 31,6%, es decir, casi la mitad de incremento. Según fuentes las fuentes consultadas «ya en 2013 la prima de Muface era un 28,3% inferior y en diez años la diferencia se haya ampliado hasta los trece puntos, llegando al 41,2%», señalan sobre el incremento necesario del pago que realiza el Estado para que la cobertura de este servicio fuera al menos neutra, sin generar pérdidas para las empresas aseguradoras.

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«Además, en los últimos ocho años, el gasto total de las comunidades autónomas se ha incrementado en un 42,0%, mientras que el gasto de Muface ha aumentado un 10,9%», apuntan las fuentes consultadas asegurando que si la prima de un mutualista hubiera evolucionado en este periodo de tiempo igual que el gasto sanitario promedio en 2023 debería ser un 23% más alta, equivalente a 1.237 euros. «Existe por lo tanto una necesidad de revisar y ajustar el sistema de primas para garantizar un acceso equitativo y adecuado a la atención médica», advierten.

También recuerdan desde el sector el impacto que esa infrafinanciación tiene en los baremos médicos, ya que «la presión generada por primas tan obsoletas hace que no se pueda pagar más a los médicos que atienden a los mutualistas». Precisamente, uno de los aspectos que eleva el coste de la atención es el incremento importante de la asistencialidad entendida como el volumen de actuaciones efectuadas sobre el colectivo. Desde la pandemia las mutuas atienden, de media, un 10% más de veces a cada trabajador.

Absentismo extendido

De hecho, esta presión asistencial in crescendo no se circunscribe únicamente al ámbito de los empleados públicos. Según Randstad Research en el primer trimestre arrojan que el número de personas que en promedio cada día se ausentaron de su puesto de trabajo fueron 1.290.244, de las cuales un total de 992.078 personas se encontraban de baja médica, lo que significa un 77% de todas las personas que se ausentaron del trabajo. El crecimiento interanual de las personas que no han trabajado por una incapacidad temporal (4,9%) ha sido más intenso que el de los que no han acudido a trabajar por otros motivos (3,8%).

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De este modo, respecto al trimestre anterior la tasa de absentismo se incrementa ligeramente hasta situarse en el 6,3% y, en la misma línea, el absentismo por incapacidad temporal experimenta una ligera subida hasta el 4,9%. Ambas tasas registran dos trimestres consecutivos de incrementos.

En el sector privado, dentro del top 10 de actividades con mayor nivel de absentismo -entre las 79 analizadas desde Randstad- nos encontramos el sector de Actividades postales y de correos (10,9%) y Asistencia en establecimientos residenciales (10,8%), ocupando los niveles más altos.

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