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La fiscalía guatemalteca busca declarar «nulo» el proceso electoral


La democracia de Guatemala ha sufrido un nuevo embiste. Armados con nuevos casos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó, con la ausencia de su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, tres investigaciones que cuestionan la victoria del partido Semilla en las elecciones e intentan invalidar los resultados del 25 de junio de 2023.

El primero, se trata de una actualización a la investigación del caso conocido como «Firmas falsas». La FECI solicitó el retiro de antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo y del diputado electo Samuel Pérez. Aseguran que tienen más evidencia de que se falsificaron firmas para constituir a Semilla como partido y que por eso el partido no debería haber participado en las elecciones.

Luego, la fiscalía presentó la investigación por un nuevo caso, conocido como «Financiamiento electoral no reportado», el cual involucra también a Arévalo. La fiscalía ha solicitado el retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo. Según el fiscal Rafael Curruchiche —incluido en la Lista Engel de Estados Unidos al ser declarado un «actor que favorece la corrupción»— Arévalo habría cometido el delito de lavado de dinero por un préstamo de $44,000 (euros) que el partido Semilla adquirió cuando él era representante legal. Curruchiche dijo que pedirán apoyo a Estados Unidos para rastrear el dinero, con apoyo del FBI o de la DEA. El jefe de la FECI asegura que hay anomalías contables en el financiamiento de Semilla. Por ejemplo cita que hay recibos en los que «los donantes no firmaron».

Pero el tercer caso es el que ha encendido todas las alertas. Denominado «Elecciones Nulas», el título revela la intención. El MP asegura que terceras personas en el Centro de Cómputo (conocido como «digitadores», que son los encargados del manejo de la data), alteraron los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). De acuerdo con los fiscales, sucedieron tres cosas. Primero, que las actas de los resultados no cumplen con los «requisitos legales», pues tienen inexactitudes y que por esa razón, no deben ser tomadas en cuenta para el conteo final de votos. Segundo, que las actas de cierre de escrutinio «habrían sido alteradas». El MP tiene como pruebas las supuestas declaraciones de trabajadores del TSE en el anonimato. Y tercero, que hay algunas actas que el «TSE no entregó» ocultando así, supuestamente, miles de votos válidos.

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En otras palabras, la fiscalía busca declarar nulo el proceso electoral por supuestas «precargas ilegales de información» realizadas por personal del centro de cómputo del TSE al sistema oficial de digitación de votos, el pasado 25 de junio de 2023, cuando se celebraron las elecciones generales para presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados en todo el país.

Polémica por las acusaciones

Sin embargo, el caso no cuenta con bases sólidas. Todos los alegatos que hace la fiscalía son, según expertos en el proceso electoral, cuestionables dado que en septiembre, el MP secuestró —con el uso de la fuerza policial— la evidencia electoral que estaba bajo el resguardo del TSE y abrió las cajas que guardaban los votos físicos de la ciudadanía. Este hecho, sin precedentes en la historia electoral del país, encendió todas las alarmas. En su momento, el TSE dijo en una conferencia de prensa que a partir de aquel hecho «no podrían responsabilizarse más de la evidencia electoral» puesto que «había sido vulnerada por fiscales del MP». En otras palabras, no hay manera de probar que las actas que la fiscalía dice que hacen falta, no fueron, a su vez, extraviadas precisamente por la misma FECI, después de haberlas secuestrado.

A pesar de los múltiples llamados de la ciudadanía —con protestas masivas que paralizaron al país el pasado octubre— en contra de la persecución jurídica del MP al proceso electoral y de las llamadas de atención de la comunidad internacional —como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos—, contra el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, la fiscalía continúa presentando casos para debilitar al presidente electo, su partido político y todos los implicados en los comicios de junio. La presión internacional no ha servido para detener lo que pareciera ser una cacería de brujas que dirige la fiscal, amiga del gobierno con los peores índices de aceptación en la historia del país; a penas un 3% según la casa encuestadora CID Gallup.

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Reacciones

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, convocó de inmediato una conferencia de prensa para asegurar que los resultados electorales han sido «validados, oficializados y son inalterables». La exfiscal general del MP, Claudia Paz y Paz, señaló que a pesar de los casos expuestos por la fiscalía, «ni el MP como institución, ni una Fiscal tienen la autoridad para declarar que las elecciones son nulas».

Mediante un comunicado, Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó las acciones del MP como un «intento de golpe» y «alteración del orden constitucional del país». Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Pero ha sido enfático. «Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia», publicó en la red social X.

En España el Gobierno «rechaza» estas actuaciones porque «atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco».

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