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La candidatura de Morales acelera la inestabilidad política y económica de Bolivia


El anuncio que Evo Morales hizo la semana pasada de intentar volver a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 2024 va a suponer esta semana la ruptura del Movimiento al Socialismo (MAS). Al congreso convocado por Morales del 3 al 5 de octubre, en su feudo cocalero de El Chapare, han decidido no acudir diversas organizaciones sociales del partido que están alineadas con Luis Arce, actual presidente del país, que en su día fue designado como sucesor por el propio Morales. Arce tampoco está presente en el congreso del MAS, partido dirigido por el expresidente boliviano, y posiblemente no tardará él mismo en anunciar su candidatura a la reelección.

De momento no está claro quién de los dos dirigentes podrá quedarse con las siglas del exitoso movimiento, pero estar en el poder y tener en sus manos los presupuestos públicos da ventaja a Arce a la hora de atraerse a agrupaciones y dirigentes locales; también jueces amigos podrían darle la razón a la hora de considerar «ilegítimo» el congreso de esta semana por la no asistencia de parte de sus estructuras. La ventaja que Morales podrían tener en el indigenismo puede verse contrarrestada por la bandera que igualmente enarbola el vicepresidente de Arce, David Choquehuanca,

De una confrontación cada vez más abierta en el último año entre dos bandos dentro del MAS, esta semana se pasa a una guerra sin cuartel entre dos opciones políticas, alimentada no tanto por diferentes sensibilidades ideológicas como por enfrentamientos personales. Esto último vaticina que, aunque las encuestas dieran muy escasas posibilidades a uno de los dos candidatos, ambos lados querrán probablemente seguir adelante al menos para hacer el mayor daño posible a su contrincante.

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En ese escenario de división del actual oficialismo, la oposición tendría una oportunidad de oro para obtener el triunfo que, contra pronóstico, no logró en 2020. Pero, como entonces, las divisiones internas y los personalismos –igualmente acentuados en la derecha– pueden hacer malograr esa perspectiva (además, uno los posibles aspirantes, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, se encuentra preso, en un proceso sin claras garantías).

Bolivia, por tanto, se encamina hacia una situación de inestabilidad política –de la que hasta ahora había prevenido un MAS hegemónico y unitario (salvo en el vacío de poder en 2019-2020 derivado de la renuncia de Morales por presunto fraude electoral)– y también de inestabilidad económica, pues las finanzas nacionales se hallan en graves dificultades.

Importador de hidrocarburos

El propio Arce ha reconocido que el país ha «tocado fondo» en la producción de gas, que es el principal producto de exportación y cuyo desarrollo ha sido la razón del progreso del país en las dos últimas décadas. Resultado de inversiones extranjeras previas, el estatismo de la era Morales, proseguido por Arce, quien fue su ministro de Economía y Hacienda, ha lastrado un sector que ya tiene difícil recuperación.

Bolivia se convirtió en 2022 en importador neto de hidrocarburos, pues sus exportaciones de gas, cada vez de menor volumen, fueron de 3.400 millones de dólares, frente a los 4.365 millones de dólares que pagó para importar gasolina y diésel (produce petróleo, pero no alcanza para cubrir sus necesidades de derivados). Se calcula que en 2023 puede incluso tener que importar gas, lo que ha llevado al Gobierno a pedir a sus principales clientes, Argentina y Brasil, pasar a contratos «interrumpibles», por si la estatal YPFB debe destinar todo el gas a consumo interno.

Este desequilibrio en la balanza comercial explica la reducción de la reserva de divisas, lo que ha generado una grave falta de dólares y la restricción de acceso a la moneda estadounidense para empresarios y ciudadanos. Del récord de reservas de 15.500 millones de dólares en 2014 se ha pasado a solo 3.500 millones este verano, cuando el Banco Central de Bolivia dejó de publicar los datos.

El precio subvencionado en el consumo de hidrocarburos aumenta los problemas de las arcas públicas e incentiva el contrabando, pues el litro de gasolina cuesta la mitad que en Argentina y Argentina y la tercera parte que en Paraguay, Uruguay y Chile. El Gobierno estima que un mayor control de ese comercio ilícito podría ahorrarle 250 millones de dólares al año. La gasolina está restringida a un máximo de 120 litros al mes por persona.

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