El Supremo rechaza que el Estado indemnice por la nulidad de la plusvalía municipal si hubo incremento del valor



El Tribunal Supremo desestima los primeros cuatro casos de empresas y ciudadanos que reclamaban responsabilidad patrimonial al Estado por el impuesto de plusvalía municipal que fue tumbado por el Tribunal Constitucional en 2021 . Cierra la puerta a estas reclamaciones cuando sí hubo incremento del valor del inmueble. «La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado los cuatro primeros recursos planteados por empresas y ciudadanos particulares que reclamaban una indemnización al Estado por el abono del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalía, y que basaban su petición en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre de 2021, que declaró inconstitucional el sistema de determinación de la base imponible del impuesto recogido en dos artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales», ha indicado el Alto Tribunal en un comunicado. Noticia Relacionada estandar Si Los asesores fiscales exigen al Gobierno acabar con el caos del impuesto de patrimonio y piden derogarlo o bajarlo al 1% Bruno Pérez «No es razonable que estas batallitas entre administraciones acaben afectando a los contribuyentes», lamenta el presidente de los economistas españoles, Valentín Pich El Constitucional en 2021 declaró inconstitucionales y por tanto nulos algunos preceptos de la Ley de Haciendas Locales que establecían un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento. Tras ello, algunos ciudadanos y empresas plantearon el caso a Supremo para exigir responsabilidad patrimonial al Estado. En estos supuestos se examinan casos planteado la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, como consecuencia de la citada sentencia del Constitucional , «que limitó de forma expresa otras vías de reclamación al no permitir que con fundamento en la propia sentencia se revisasen obligaciones tributarias devengadas por el impuesto que hubiesen sido ya decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, o mediante resolución administrativa firme, o las que no hubiesen sido impugnadas cuando se dictó la sentencia». Esta era la única vía que les quedaba a quienes ya habían abonado el gravamen. Así las cosas, el Supremo ha concluido que la nulidad del método de cálculo del impuesto « no conduce necesariamente (…) a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del (impuesto) o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial«. No es algo automático sino que »para llegar a tal conclusión es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas», según el comunicado. En los casos analizados, no se daban estos requisitos para poder apreciar la responsabilidad patrimonial del Estado ya que en los cuatro casos, de una forma u otra, se llegó a la conclusión de que sí hubo incremento del valor de los terrenos sujetos al gravamen. La sentencia del Supremo insiste en que, «aunque de una declaración de inconstitucionalidad puede extraerse la presunción de la antijuricidad de los daños derivados de los actos de aplicación, lo cierto es que tal presunción no es absoluta y puede ser desvirtuada por las circunstancias que concurren en el caso concreto, como aquí acontece. No existe, pues, el automatismo pretendido por la parte actora». En todo caso, lo que sí desliza el Supremo en sus fallos es que la responsabilidad patrimonial sí podría apreciarse en aquellos casos en los que con el método declarado inconstitucional se haya tributado cuando no existió efectivamente un incremento del valor de los inmuebles.

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